La oposición mediática y política contra el gobierno federal en el manejo de la Covid-19: ¿Baja California Sur tiene una mejor estrategia?

Desde que se desató la crisis sanitaria en México por la pandemia de la Covid-19 hemos visto algunas reacciones en contra de la estrategia que el gobierno federal emplea para lidiar con el nuevo virus SARS-CoV2. De entre éstas sobresalen por su vileza las de algunos medios de comunicación como TV Azteca, en cuyo noticiero estelar Javier Alatorre llamó a ignorar las recomendaciones emitidas por el Dr. Hugo López Gatell, subsecretario de salud. Otro acto de confrontación con la estrategia federal es el de Radio Fórmula, pues en sus programas se llama “charlatán” a López Gatell, como recurrentemente hace Eduardo Ruiz Healy. El ataque más reciente es el de los bien pensantes encabezados por el sedicioso Héctor Aguilar Camín y el complotista Enrique Krauze, grupo que integran “intelectuales” anquilosados en la añoranza del régimen prianista, del que destacan algunas damas de-mentes pensantes y otros tinterillos versados en técnicas literarias, así como periodistas de dieta vegana a base de chayote que han escrito en una misiva una sarta de estupideces contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre éstas una referente al manejo de la crisis sanitaria: “…ha utilizado a la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder”.

Contradecir u opinar diferente acerca de algo no debería tener mayor relevancia que considerar el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho ciudadano, pero en lo que respecta a la pandemia llamar al desacato y contradecir a las autoridades sanitarias o tildarlas de mentirosas puede resultar en una responsabilidad social que implique la muerte de muchos mexicanos. Lo anterior ya es delicado en el caso de los medios de comunicación y de los ciudadanos con cierta fama, pero ellos no son los responsables de la salud y la vida de las audiencias o de sus seguidores. Cuando la confrontación y la desobediencia con respecto a la estrategia sanitaria emana de los gobiernos estatales, entonces el asunto se torna grave, pues la autoridad estatal es en última instancia la responsable de la salud y la vida de sus gobernados.

La batalla que a nivel mundial se libra contra la Covid-19 se hace con la experiencia en pandemias previas no tan letales, de otros virus con niveles de contagio menores y menos resistentes a las condiciones ambientales. En algunos casos las enfermedades pasadas pudieron ser combatidas con medicamentos existentes mientras se obtuvo la preciada vacuna para contener su propagación. En el caso de la pandemia que nos ocupa todo indica que será en los cien años pasados la más mortal de todas las que han azolado la Tierra, pues a nueve meses de que se detectaron los primeros casos de enfermos en Wuhan, China ya se contabilizan más de quince millones de infectados y más de seiscientas mil muertes a nivel mundial y aún no se cuenta con ningún fármaco efectivo para contrarrestar la enfermedad; además de que la producción de una vacuna aún tardará varios meses en ser una realidad y aunque se obtenga este año, es muy posible que su acceso generalizado sea un hecho hasta el primer trimestre del año 2021.

Hasta ahora el más efectivo medio de contención de la propagación del coronavirus ha sido mantener el distanciamiento social y, aunado a eso, en algunos países ha funcionado el realizar millones de pruebas a sus ciudadanos, con lo que las autoridades han tenido un estricto control de los infectados y así han logrado romper las cadenas de contagios. Lo anterior se ha hecho con cierto beneficio en regímenes socialistas como en China o en sociedades como la koreana, la Japonesa y la finlandesa, entre otras, en las que sus ciudadanos están acostumbrados a acatar las disposiciones gubernamentales. Es así que los mejores resultados en la contención de la propagación del SARS-CoV2 se han dado bajo algunas circunstancias muy particulares y no en todas las naciones donde se han hecho más pruebas para detectar el virus se ha logrado contener los contagios o minimizar el número de decesos. Al primero de julio los diez países que más pruebas habían realizado eran Reino Unido, Rusia, Catar, España, Estados Unidos, Italia, Canadá, Alemania, China y Chile. Y hasta hoy Estados Unidos es la nación con más muertes y Reino Unido es la tercera y, dentro de las primeras diez más afectadas en este rubro tenemos a España e Italia.

Debido a lo anterior y a diferencia de los que varios periodistas, intelectuales orgánicos y opositores al gobierno federal afirman, no se puede aseverar que entre más pruebas se realicen se logrará un mejor control de la propagación del virus y se reducirá el número de muertes. Y es que no es sólo cosa de comprobar que alguien está sano o enfermo, pues el individuo puede resultar sin virus hoy y contagiarse mañana o en una semana o en quince días; por lo tanto, para tener un estricto control del ciudadano se le deben realizar pruebas constantemente. Pero aún así, si un gobierno además de considerar las medidas de distanciamiento social decide incrementar el número de pruebas eso está bien, aunque debe considerar el costo de realizar tantas pruebas como habitantes tenga y hacerlas las veces que sean necesarias a cada individuo.

Es claro que en México desde el inicio de la crisis sanitaria el gobierno federal apostó por el distanciamiento social y por la vigilancia centinela basada en la observación de los casos comprobados y el cálculo estadístico de los posibles contagios no detectados. Hasta ahora ha logrado así administrar la pandemia evitando un incremento de contagios tan acelerado que rebasara el Sistema de Salud, dando tiempo a la rehabilitación y ampliación del mismo para atender a los enfermos. La consigna es no dejar a ningún ciudadano sin atención médica. Es así que a las entidades federativas que se han visto cerca de la saturación de sus instalaciones hospitalarias e incluso al borde del colapso, como en su momento sucedió en Guerrero y en Tabasco, entre otras entidades, el gobierno federal las ha asistido y han reconfigurado o ampliado su capacidad hospitalaria.

Hasta hoy se advierte una colaboración entre los tres niveles de gobierno en la mayoría de las entidades federativas, incluso en Jalisco y Michoacán, en donde los gobernadores Enrique Alfaro y Silvano Aureoles desafiaron al gobierno federal al señalar que no acatarían sus recomendaciones sanitarias e incluso llegaron a intentar desacreditar a AMLO y a López Gatell. Ahora y ante los pobres resultados de sus decisiones sanitarias, no sólo se han acercado al gobierno federal para pedir más ayuda y asesoría; sino que se han cuadrado ante la autoridad federal y puede ser que esa actitud sea provisional en lo que salen de sus respectivas crisis. Hay, sin embargo, otras autoridades que en el espacio público nacional se manifiestan en concordancia con la federación y en el espacio público estatal manejan versiones críticas y de desacato sobre la gestión del comando federal para combatir la Covid-19, incluso realizan actos que llegan a la traición de la sociedad mexicana. Un caso vil es el de Francisco Domínguez, el gobernador panista de Querétaro, quien como máxima autoridad sanitaria de la entidad y a través de su secretario de salud Julio César Ramírez Arguello, cometió la canallada de mentir acerca del número de camas hospitalarias disponibles en la entidad, cuando la crisis sanitaria tenía la infraestructura hospitalaria de la Ciudad de México cerca de la saturación. El mismo Ramírez Arguello dijo que escondieron las camas para no compartirlas con los enfermos de la Ciudad de México y así preservarlas para los queretanos, es ese uno de actos más egoístas, desafiantes y de traición a la federación que hemos atestiguado en esta crisis, pero también a la sociedad mexicana.

Otro caso de desobediencia sanitaria, pero este velado y de fino desdén, es el del gobernador panista de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis, quien en sus manifestaciones ante la autoridad nacional maneja un discurso de colaboración y apoyo mutuos y ya en el espacio estatal su discurso se vuelve crítico a la federación, pues enfatiza lo que considera sus yerros y, por supuesto, ensalza el desempeño de la autoridad sanitaria que él comanda. Pero más allá de los discursos politiqueros, que buscan generar la impresión en el sudcaliforniano de que las autoridades sanitarias estatales si saben hacer su trabajo y mejor que las nacionales, no dudo que si sepan hacerlo, por algo están ahí el gobernador y el secretario de salud Víctor George, las acciones de la autoridad sanitaria estatal muestran un serio distanciamiento de la estrategia del comando nacional contra la Covid-19.

La primera acción del cambio de rumbo en la estrategia de la autoridad sanitaria sudcaliforniana fue el establecimiento de un semáforo Covid de seis colores, supongo que es más efectivo que el que rige a nivel nacional que es de cuatro tonalidades; el problema es que muchos de los que se arriesgan a salir al espacio público y a ir a los comercios que pueden operar de acuerdo a la sexteta cromática no respetan la intrincada normatividad establecida mediante ésta.

La segunda acción y hecho contundente del desconocimiento de las recomendaciones federales se da en la etapa más crítica de incremento de contagios en Sudcalifornia, pues el viernes 17 de julio la federación elevó a la entidad del color naranja al color rojo de máximo riesgo y ese día Víctor George declaró que en Baja California Sur se mantendría en color naranja; aduciendo que ellos, la autoridad sanitaria estatal encabezada por Mendoza Davis, sí saben la situación real de la pandemia en el estado y que no toman decisiones detrás de un escritorio como López Gatel y su equipo. Además de que aseveró que ellos ya aplican masivamente pruebas de detección del virus para así controlar los contagios sin regresar a las restricciones de movilidad en el espacio público y evitar el cierre de las actividades económicas que señala el semáforo nacional cuando se ubica en color rojo; aquí cabe resaltar que han aplicado cerca de ocho mil pruebas a una población que de acuerdo al INEGI sobrepasaba los setecientos mil habitantes en 2015.

Siendo el gobernador la máxima autoridad sanitaria de la entidad, él tiene toda la responsabilidad de las decisiones últimas que se tomen en Sudcalifornia, sólo está ejerciendo el poder de decisión que legalmente tiene. Lo que no lo excusa de no atender la normatividad establecida desde el gobierno federal y avalada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismos que han reconocido el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno mexicano.

En este sentido el gobernador debió considerar para mantener el nivel de relajación de las normas sanitarias en naranja que aún no estamos en la etapa de disminución del número de los contagios, tampoco en la de estabilización de los mismos y que, por el contrario, nos ubicamos en el período de ascenso más acelerado de la curva de propagación de la enfermedad y cuando en las últimas semanas hemos estado entre los primeros lugares de tasa de incidencia de contagios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

Decir que en la entidad se hace un mejor trabajo sanitario que el que hace la federación, implementar un semáforo alterno y no acatar la normatividad federal más estricta cuando la entidad se encuentra en su etapa más crítica de propagación del virus, son acciones que no sólo implican poner el mal ejemplo de no acatar las normas a un ciudadano sudcaliforniano que no se ha caracterizado por respetar las disposiciones municipales, estatales ni las federales referentes al confinamiento y a la sana distancia; además, lo pone en un riesgo mayor del que ya corre, pues si el ciudadano ve que el gobierno estatal no acata las recomendaciones de máxima alerta, puede ser que adquiera un falso sentido de seguridad que lo haga percibir una menor crisis de la que se padece y que en consecuencia desatienda aún más los llamados sanitarios de cualquier autoridad.

Espero que en algunas semanas no sea necesario pedir el auxilio federal para la reconversión y ampliación hospitalaria por un incontenible número de contagios que se den a partir de mantener la relajación de un semáforo en naranja que pocos sudcalifornianos respetan. Ojalá que la apuesta de Mendoza y George de incrementar las pruebas para detectar el SARS-CoV2 sea acertada, para ello las ocho mil pruebas aplicadas deberán incrementarse en varios cientos de miles y deberán repetirse las veces que sean necesarias en los individuos, de otra forma no alcanzarán el éxito que según ellos se ha logrado en los países que han realizado millones de pruebas. Aunque a lo mejor no se han enterado que en la lista de los diez países con más pruebas de detección también se encuentran cuatro de las naciones con mayor mortandad causada por la Covid-19.

Ojalá con el paso de los días el gobierno estatal demuestre que su estrategia de relajar las restricciones a la movilidad y a la ocupación del espacio público, aunada a la implementación de pruebas masivas es acertada y se contenga la propagación del virus y se evite la saturación hospitalaria, pues de lo contrario se tendrá un incremento considerable en el número de contagios y por ende de pérdida de vidas sudcalifornianas. A partir del distanciamiento del manejo estatal de la estrategia nacional del combate al coronavirus serán el gobernador y los integrantes de su equipo los responsables de los aciertos y de los errores del manejo de la crisis sanitaria en la entidad.